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Ayuda a desempleados: no queremos caridad sino justicia

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El acuerdo firmado por los sindicatos oficiales del sistema pone de manifiesto su sumisión a las políticas antisociales de gobierno y empresarios. La ayuda ridícula, efectista mediáticamente, cicatera sólo busca legitimar los recortes y es un lavado de imagen de cara a los procesos electorales inminentes.

El gobierno del PP, apoyado por la patronal y los sindicatos oficiales del sistema acaban de escenificar una foto trilateral que viene a legitimar la política de recortes sociales iniciada en el año 2012. A nadie se le escapa que se acercan periodos electorales en los ayuntamientos, autonomías y en las cortes generales.

La ayuda que se acaba de pactar para parados de larga duración es insignificante en comparación con los recortes en las prestaciones por desempleo de los años 2012 y 2013. Su eficacia es limitada tanto en el tiempo como en el colectivo al que pudiera beneficiar. Se trata de un subsidio de 426 euros, de carácter asistencial, temporal de 6 meses, por una sola vez y condicionado a quienes lleven 6 meses sin percibir ningún tipo de ayuda y que además tengan responsabilidades familiares. Además, si una empresa contrata a un beneficiario, el SEPE costeará parte del salario con los 426 € de la ayuda, lo que aumentará los beneficios empresariales a costa de fondos públicos. 

Una ayuda ridícula, efectista mediáticamente, cicatera, que no solo no palia la pérdida de derechos perpetrada por el gobierno en el bienio negro, si no que pretende por el contrario legitimar, consolidar y asumir como definitivo el brutal recorte aplicado por el Partido Popular contra el sistema de protección por desempleo.

En julio de 2012 se decretó una enorme reducción de la prestación contributiva minorando su cuantía al 50% a partir del sexto mes, aumentando en casi 2 puntos porcentuales sobre la base reguladora la cotización a la Seguridad Social de los perceptores, a la vez que se pusieron nuevas condiciones para su acceso. De otro lado, se suprimió de raíz el subsidio especial de mayores de 45 años. Se elevó de 52 a 55 años el subsidio previo a la jubilación, se adelantó en muchos casos la fecha de finalización de 65 a 61 años, se exigió tener cumplidos los 55 años en el momento del agotamiento de la prestación o durante la percepción de otro subsidio -antes no era necesario-, se redujo la cotización a jubilación del 125%  al 100% de la base mínima de cotización. Y para más saña, en marzo de 2013, casi sin hacer ruido, se ha excluido a un amplio colectivo de este subsidio de 55 años al considerar como propias del solicitante las rentas del trabajo del cónyuge e hijos menores de 26 años. Además se endureció la consideración de las rentas presuntas para mantener el subsidio asistencial. Por si fuera poco, se excluyó de la Renta Activa de Inserción a quienes no hubieran cobrado nunca antes subsidio o prestación por desempleo. Del Plan Prepara se excluyó a quienes carecían de cargas familiares o no llevaban 12 meses inscritos como desempleados.

Todo este tsunami de recortes de derechos de prestaciones por desempleo han excluido o reducido las prestaciones a amplios colectivos de desempleados, bajando la cobertura a cotas ridículas dejando en la miseria y sin unos ingresos mínimos a cientos de miles de personas paradas, lo que provoca que, a pesar del aumento del paro y de la aprobación de esta nueva y excepcional ayuda, el gobierno tiene previsto reducir el coste de las prestaciones para el año 2015.

La firma de este acuerdo entre gobierno, patronal y sindicatos institucionales, todos ellos contaminados y manchados por escandalosos casos de corrupción, pretende un lavado de imagen de cara a los procesos electorales inminentes y ante la opinión pública en general, consolida y legitima el reciente retroceso histórico de derechos en las prestaciones, y pretende convertir el sistema de protección por desempleo en una institución puramente asistencial, graciable, condicionada y más cercana al concepto de caridad temporal que al de un derecho contributivo de justicia social.

La Confederación General del Trabajo, como sindicato de clase y combativo, rechaza el pacto electoralista, demagogo y populista -en el sentido más puro de la palabra- que han escenificado los tres entes más representativos de la corrupción y el desprestigio de las instituciones de nuestro país, puesto que no va a solucionar los graves problemas de supervivencia que aquejan a amplios sectores de la población.

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