No Hay Derecho CGT-CAT

Ni servicio, ni calidad. Desmantelamiento total y expolio.

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ZARAGOZA

Mientras nuestra plantilla se reduce, se envejece y se vapulea vil y constantemente,  por la tan cacareada crisis económica,  la administración desmantela su estructura y con los dineros sobrantes, de los anteriores recortes, concede contratos millonarios a empresas privadas…..siempre las mismas…. Y lo hace de forma “anormal” según dictamina el Tribunal de Cuentas en informes demoledores sobre todos los contratos administrativos. Un auténtico expolio.  Y eso que,  el Tribunal de Cuentas, tiene muy poco de independiente ya que está completamente politizado.

Nos cansamos de denunciar la privatización de vidas laborales, atención telefónica, emisión tarjetas europeas, tareas informáticas, etc, etc…

Ahora, en una vuelta más de tuerca,  llega el turno de la privatización total y mantenimiento de  los sistemas informáticos de la Seguridad Social, por un montante de 70 millones de euros (consejo de ministros del viernes 26 de abril). Que se añaden a otros en la agencia tributaria y DGT.

Las  mejoras en nuestro procesos son evidentes: pensiones que no se pueden tramitar al no estar adaptada la informática a la norma, bonificaciones que tardan 6 meses en aplicarse, otras que se aplican  incorrectamente, emisión de boletines de cotización erróneos, cambios de contingencias no recogidos ……y todo ello repercute en una pésima imagen de la administración y sobre todo del funcionario que atiende y supone, en muchos casos,  la falta de ingresos o el percibo de otros indebidos que habrá que devolver con intereses. Otro expolio.

Y mientras la Seguridad Social pierde el control de  sus sistemas informáticos, quiere potenciar también la externalización de sus propios actos administrativos. Dando plenas competencias administrativas, a personal no funcionario (abogados, gestores, etc.)  que las ejercerán por supuesto cobrando y no de forma gratuita, como se realizan hasta ahora, y además fuera de un control riguroso de la propia administración y sujetos no a los intereses de ésta,  sino a los de sus propios clientes, que son los que les retribuyen. Da igual que el EBEP (una ley), reserve en su art. 9.2 esas tareas a los funcionarios: “el ejercicio de las funciones  que impliquen la participación  directa o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses generales del estado y de las administraciones públicas corresponden exclusivamente a los funcionarios públicos”. 

E incluso esa delegación de competencias la acepta la propia Administración mediante “poderes” o “apoderamientos” de los ciudadanos que no cumplen los requisitos establecidos por el art. 32 de la Ley de Procedimiento Administrativo, en cuanto al requisito de que quede constancia fidedigna de la representación por parte del interesado, bien mediante comparecencia personal del interesado ante la propia administración o por poder público o privado con firma notarialmente legitimada. Requisitos previstos incluso en la reciente orden  ESS/486/2013 (BOE 28.03.13), que la administración se pasa por el forro. Y se les da a los actos realizados por estos “colaboradores” prioridad absoluta sobre cualquier trámite realizado por el propio interesado,  aun presencialmente. Y de paso y con toda desfachatez se anuncia a bombo y platillo una lucha contra el fraude… ¿quién controla? . Y se anuncia el acercamiento de la administración a los ciudadanos….. Mientras se cierran administraciones y se reducen plantillas, ¡qué risa!.

Y para llegar al desmantelamiento total, los empleados de Seguridad Social somos “los tontos útiles”, a los que dándoles una palmadita en la espalda, vía cumplimiento de objetivos, se nos obliga a pedir números de móvil, correos electrónicos, altas en notificaciones electrónicas…….a actuar, en una guerra perdida, como auténticos kamikazes, para que seamos quienes eliminemos nuestros propios puestos de trabajo.

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