No Hay Derecho CGT-CAT

El Gobierno desmantela la estructura de la Seguridad Social y concede contratos millonarios a empresas privadas

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ALACANT

Mientras la plantilla de emplead@s públic@s de la Seguridad Social,  se reduce y  envejece,  la Administración desmantela su estructura y con los dineros sobrantes, de los anteriores recortes, concede contratos millonarios  a empresas privadas. Y lo hace de forma “anormal”, según dictamina el Tribunal de Cuentas, en informes sobre todos los contratos administrativos

Desde CGT-CAT, no nos cansamos de denunciar en su día, la privatización de las vidas laborales, la atención telefónica, de la emisión tarjetas europeas, de las tareas informáticas, etc…

Pero ahora llega el turno de la privatización total  del mantenimiento de  los sistemas informáticos de la Seguridad Social por un montante de 70 millones de euros. (Consejo de Ministros del viernes 26 de abril), que se añaden a otros en la Agencia Tributaria y la DGT.

Queremos destacar:  que el personal de la Gerencia Informática de la Seguridad Social tiene suficientes conocimientos y preparación, como para realizar esos proyectos y que además, se ha invertido mucho dinero en ese plan, el llamado ATICA,  para que ahora no se rentabilice esta inversión. Por otro lado,  el personal externo, supera en dos veces al personal público.

Las consecuencias de estas decisiones ya se están haciendo evidentes: pensiones que aún  no se pueden tramitar, después de 5 meses,  como las relativas a las solicitadas por asegurados que han trabajado fuera de España; pensiones de  convenios internacionales y reglamentos comunitarios, al no estar adaptada la informática a la norma, al cambio de Ley sobre pensiones iniciado este año; asimismo, informativos de jubilaciones  anticipadas que no se pueden hacer. En lo relativo a competencias de la Tesorería, bonificaciones que tardan 6 meses en aplicarse, otras que se aplican  incorrectamente, emisión de boletines de cotización erróneos, ingresos de cotizaciones de empleadas de hogar que no se pueden hacer, errores en cargo  en cuenta de las cuotas fijas de trabajadores autónomos,  cambios de contingencias no recogidos y cargos duplicados a los subscriptores de convenios especiales.

Todas estas consecuencias están repercutiendo, de forma muy negativa en el servicio que se presta a la ciudadanía y por supuesto a la plantilla, que es quién da la cara, porque a los responsables políticos, al parecer, no les afecta.

Y mientras la Seguridad Social pierde el control de  sus sistemas informáticos,  potenciando la externalización  de  sus propios actos administrativos, ofreciendo plenas competencias  a personal no funcionario (abogados, gestores, etc.)  que las ejercerán, por supuesto, cobrando y no de forma gratuita como hasta ahora, y además, fuera del control  y del interés general que debe garantizar la propia Administración.

Estas decisiones políticas ignoran y vulneran los derechos de los ciudadanos al incumplir los requisitos establecidos por el art. 32 de la Ley de Procedimiento Administrativo. Regalan competencias de la Administración a empresas privadas sin  control, sin importarles la gestión que realicen ni las consecuencias para la ciudadanía. Mientras  se cierran Administraciones y se reducen plantillas.

Denunciamos estas irresponsables decisiones que precarizan los servicios de la Administración, que destruyen empleo y que desmantelan todo lo público,  nuestro patrimonio. OTRO EXPOLIO.

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